Ya se sabía de la discriminación que los mexicanos pertenecientes a algún pueblo indígena sufren en su vida cotidiana, pero no por eso dejan de preocupar los resultados de la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación, presentada por la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El hecho de que 66 por ciento de los mexicanos piense que los miembros de los pueblos indígenas tienen pocas o nulas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida; que 43 por ciento asuma que siempre habrá limitaciones sociales para éstos a causa de las características de su pensamiento, y más de 30 por ciento suponga que la única manera en que los indígenas pueden mejorar su situación socioeconómica es que dejen de serlo, es para quitar el sueño a cualquiera, más cuando se sabe que alrededor de 40 por ciento de los encuestados estarían dispuestos a organizarse para evitar que cerca de su lugar de residencia se establezca un grupo étnico y 20.1 por ciento no compartiría su casa con un indígena.
Si a estos datos se agregan los que aporta el reporte del Banco Mundial sobre Pueblos indígenas, pobreza y desarrollo en América Latina: 1994-2004, el cuadro es desolador. La pobreza no ha disminuido en 10 años entre la población indígena; los trabajadores de ese sector poblacional reciben menos ingresos que quienes no lo son, aun cuando tengan el mismo nivel profesional; la tasa de analfabetismo entre indígenas es de 24.6 por ciento, mientras para los no indígenas es de 6.4 por ciento; la esperanza de vida es cuatro años menor que entre el resto de la población, y el acceso a servicios sociales es de 65 por ciento, mientras en el resto de la población alcanza 86 por ciento.
En una sociedad que reconoce formalmente la igualdad de todos sus miembros y prohíbe la discriminación por razones étnicas, al tiempo que se proclama una nación de composición pluricultural con sustento originario en sus pueblos indígenas, los datos resultan alarmantes. La enorme brecha entre la realidad social y las disposiciones normativas indican que, tanto el discurso gubernamental sobre el tema como las raquíticas políticas para combatir los rezagos sociales han resultado insuficientes. ''Tenemos frente a nosotros la fotografía de una sociedad que se mueve entre los rezagos del autoritarismo y la intolerancia'', reconoció la Secretaría de Desarrollo Social en la presentación de los resultados de la encuesta, pero omitió decir que ella forma parte de un gobierno que está obligado a combatir la discriminación y no parte de quienes la sufren.
Los resultados de la encuesta y los del Banco Mundial demuestran la insuficiencia de las reformas legales a medias realizadas en los últimos años para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y los programas diseñados desde la burocracia gubernamental. En el primer caso se trata de una legislación que no va al centro del asunto sino por sus orillas, y así no se reconocen derechos; contribuye a nulificar su efecto el hecho de que no se establezcan las reformas institucionales necesarias para operarlas. Baste un ejemplo para ello: desde 1885 varios códigos penales de los estados se han reformado para reconocer el derecho a intérprete de los procesados, pero hasta la fecha no existe en toda la República una institución oficial que proporcione ese servicio, como sí las hay en lenguas extrajeras. En el segundo, las políticas dirigidas a indígenas han sido reducidas a atender necesidades básicas de servicios con programas diseñados desde las esferas gubernamentales y sin tomar en cuenta las especificidades culturales de los destinatarios.
Todo lo anterior desnuda el discurso multicultural elaborado desde el poder, que mientras simula reconocer las diferencias, las somete y las integra a los designios del capital, convirtiéndolo en una ideología de integración disfrazada y no en una política de reconocimiento de las diferencias. Que desde el Estado y los organismos internacionales se reconozca que la discriminación indígena es una realidad, muestra lo erróneo de las políticas oficiales y confirma lo acertado del discurso del movimiento indígena de transformar el Estado para que puedan ser parte de él. Demuestra también que más allá del discurso, no se puede esperar más del actual gobierno, porque combatir la discriminación sería ir contra sus propias políticas, y eso en su lógica no es posible. Por eso la lucha contra la discriminación y por la igualdad de todos debe ser obra de los propios afectados, y su esfuerzo debe venir desde abajo, abriendo espacios de participación y creando poderes locales que les permitan impulsar sus demandas.